La oficina Antifraude Andaluza: el último refugio para los alertadores de corrupción. institucional

Por Roberto Macías. 

Pronto llegará al parlamento Andaluz, el anteproyecto por el que se regula la creación de la Oficina Andaluza Antifraude, como un instrumento de prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción, y que tendrá como objetivo la protección a los alertadores/as (Whistleblowers).

Una Oficina, que desde la Alianza Contra la Corrupción, consideramos debe situarse a la vanguardia y convertirse en un referente nacional, en la lucha contra la terrible pandemia de la corrupción. Entendemos que, su puesta en marcha será clave para salvaguardar y proteger los derechos de los alertadores andaluces; tan perseguidos y represaliados por el régimen político que gobernó durante décadas nuestra región.

Regeneración política-institucional  

Un proyecto, que seguimos con especial atención desde el año 2017. Pues, creemos que es necesario fortalecer la transparencia y la regeneración política-institucional en la tierra de los ERES fraudulentos y otros casos gravísimos de corrupción como el fraude a los cursos de formación, residencias de tiempo libre, facturas falsas de UGT, FAFFE, Invercaria, Jeremie, y otros execrables chanchullos. Cabe destacar que, nos opusimos frontalmente al Decreto Ley, que fue presentado por el PSOE Andaluz, ese mismo año. Al considerar que tal y como estaba diseñado, sería en una auténtica ratonera para alertadores/as. Pero el proyecto que presenta Ciudadanos de la mano de D. Juan Marín, Vicepresidente de la Junta, tiene otro espíritu en armonía con la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de personas que informan infracciones al Derecho de la Unión.

Contactos con los grupos parlamentarios andaluces. 

Recientemente, contactamos con todos los grupos parlamentarios para trasladarles nuestras alegaciones al Anteproyecto. Pues consideramos que en el trámite parlamentario, deberían enmendarse cuestiones que consideramos claves en el ámbito de su actuación. Por ejemplo, en nuestras alegaciones pedimos que incluyan a los siguientes entes:

  1. a) Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales de ámbito autonómico.
  2. b) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas andaluzas.
  3. c) La Administración y las entidades locales que integran la Comunidad Andaluza.
  4. d) Universidades.

También consideramos que, deberá contemplarse una compensación económica para los alertadores/as. Entendemos que se trata de una medida justa y que puede ser efectiva para perseguir el fraude en nuestra comunidad. Compensación que tiene como antecedentes en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 48 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el ámbito de la Unión Europea, el artículo 32.4 del Reglamento (UE) N.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado.

Lo que nos preocupa. 

Nos preocupa muchísimo que el Anteproyecto, no se contemplen medidas de protección y reparación para los alertadores que ya dieron un paso al frente.  Esas personas que conocemos como la vieja guardia y que tuvieron un papel determinante informando, alertando o denunciando actos de corrupción. Por eso, pedimos que desde la Oficina, también se “garantice la indemnidad en el ámbito laboral, estatutario o funcionarial de aquellas personas que sufran cualquier tipo de represalia por haber alertado o denunciado un caso de corrupción. Así como se salvaguarden los derechos económicos de los alertadores de corrupción y, se brinde la asistencia psicológica, jurídica, laboral y económica para nuestro colectivo”.

La importancia de la participación social. 

Por último, creemos que la participación social es fundamental para vigilar, controlar y valorar las actuaciones de referida Oficina. La participación social, es el instrumento que garantiza la transparencia, independencia e imparcialidad de la dirección. Por lo tanto, proponemos la integración de un Consejo Técnico Consultivo Anticorrupción en Andalucía, que entre otras atribuciones pueda determinar a las personas que puedan considerarse como alertadores en nuestra comunidad y puedan acogerse el estatuto de alertador y/o denunciante de corrupción, momento a partir del cual el alertador y/o denunciante queda protegido ante cualquier acción en contra de él y debido a su información. Además se determinaran en la deliberación los derechos y ayudas a las que se puede acoger el alertador de corrupción.

Roberto Macías
Denunciante de los Cursos de formación de UGT-A

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