Corrupción jurídica, acoso moral y whistleblowers.
Por Jesús Villegas Fernández.
“El Reino” es el título de un largometraje que el director de cine Rodrigo Sorogoyen lanzó a las pantallas de nuestro país en 2018 y en el que describe una indecente trama de corrupción política. Aunque el argumento sea ficticio, al espectador español le resulta inquietantemente familiar, pues radiografía con estilo de documental ese submundo de financiación ilegal en que parecen estar involucradas muchas de las formaciones de nuestro arco parlamentario. El protagonista, alto cargo autonómico, pretende entregar a la prensa documentos reveladores de las actividades ilícitas del partido a que él mismo pertenece y cuyos máximos responsables, viéndose amenazados, desatan contra su persona una implacable persecución.
Los whistleblowers.
Ese personaje que, desde el interior de un entramado saca a la luz los trapos sucios, es lo que en el mundo anglosajón se conoce como whistleblower, es decir, el que hace “sonar el silbato”. En terminología más aséptica, la directiva 2019/1937 comunitaria se refiere a la “protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”. Esta norma, que nuestro legislador todavía no ha traspuesto, está llamada a convertirse en un instrumento imprescindible para atajar la corrupción institucional. Y no sólo en el ámbito, público, ya que también está dirigida a las actividades privadas.
Organizaciones tóxicas.
Tomando la delantera a nuestro Poder Legislativo, un grupo de expertos reunidos por “Corruptil” (entidad independiente consagrada a la lucha contra todas las formas de corrupción) ha elaborado una propuesta doctrinal de texto articulado de “Ley de Prevención y lucha contra la corrupción” cuyo alcance es mayor de lo que parece. Expliquémoslo:
Esquema tóxico en nuestras instituciones constitucionales.
Ahora nos interesa reflexionar como ese esquema tóxico está más presente de lo que pensamos en nuestras instituciones constitucionales. Sin ir más lejos, la promoción y el ascenso de los jueces dependen de un órgano, el Consejo General del Poder Judicial, designado por las cámaras parlamentarias, lo que crea una potencial coacción ambiental que compromete la independencia judicial. Es corrupción jurídica. Incluso más claro es en el caso de los Fiscales, cuyo máximo jefe es elegido por el Gobierno. ¿Cómo esperar entonces que los actores judiciales obren con libertad cuando la última palabra la tiene una oligarquía político-económica? La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación contra la politización de la Justicia, lleva años trasladando a la opinión pública los peligros sistémicos de tan deficiente arquitectura legal.
Con ser todas estas iniciativas muy esperanzadoras, no nos engañemos, si el pueblo español, agrupado en bases ciudadanas de las que las organizaciones mencionadas son una muestra, no se involucra en la lucha por la transparencia, la clase política no lo hará por si sola. Contribuyamos, por tanto, a difundir la propuesta de Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción para, en un futuro no muy lejano, el director Sorogoyen tenga motivos para rodar una historia más optimista.
Jesús Manuel Villegas Fernández, Magistrado instructor. Autor de diversas publicaciones, su último libro se titula “Libro verde sobre la investigación criminal “. Secretario General de la “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial” y director de la revista digital Tempus Octobris.
Puedes escuchar en este vídeo a Jesús Villegas hablando de la instrucción de casos de corrupción. AQUÍ.
