Funeral por el Estado de Derecho.
Por Irma Ferrer.
Creo que ha sido un proceso lento, pero constante.
¿Cómo nos hemos convertido en un país que incita a regodearse en la descomposición? Creo que ha sido un proceso lento pero constante, basado en la elección de los más incapaces como gobernantes, aquellos cuyo único merito es el sometimiento al poder omnímodo del partido, y en la putrefacción de las instituciones del Estado mediante el trueque del interés público por el interés partidista. Estos dos pasos dieron lugar a la inevitable y creciente desconfianza de la ciudadanía en todo lo que suena a público (servicios públicos, hacienda pública, gestión pública, representante público..) y a la patrimonialización partidista de toda infraestructura (mueble, inmueble y cuerpo funcionarial) llamada a sostener la estructura del país, de las comunidades autónomas y de las entidades locales.([4])
¿Y cómo lo hemos permitido?
Aceptamos impasibles que el Estado se corrompiera.
Aceptamos impasibles que el Estado se corrompiera, que los traidores vendieran los activos públicos a precio de saldo y amiguetes, que la educación se tornara ignorante, que la sanidad enfermara, que el agua muriera de sed y que el territorio se convirtiera en suelo. El mercado ocupó el espacio que dejamos libre en el ágora, y cada departamento institucional quedó parasitado por un gerente político, un director político, un jefe de servicio político, un funcionario político. Encajamos que “uno de los suyos” entrara dentro de las tripas de la administración para que gestionara el interés partidista, que no público, en los efímeros cuatro años que determinan una política cortoplacista.([9])
Nos arruinamos como sociedad para mayor gloria de un banco.
El fracaso se evidencia con la propuesta ciudadana.
Ciudadanos activos, responsables, exigentes y conscientes.
Acabar con la impunidad.
La experiencia adquirida tras 17 años dedicados a la lucha contra la corrupción, interrogando a los delincuentes, oyendo las conversaciones intervenidas, conociendo a sus asesores y abogados, estudiando los informes periciales, conviviendo con las dificultades con las que se encuentran jueces y fiscales y celebrando juicios, no tengo duda alguna de que no hay ninguna posibilidad de enfrentar con dignidad ninguno de los cambios que requiere este país para garantizar la supervivencia de todos si antes no atajamos la corrupción, protegemos a los denunciantes, cortamos los hilos empresariales que mueven a nuestros representantes públicos, activamos los organismos fiscalizadores, fortalecemos el cuerpo de funcionarios públicos (bajo los criterios de independencia, objetividad, inamovilidad, neutralidad, capacidad, profesionalidad y formación), dotamos de independencia al poder judicial, reformamos la financiación de los partidos e implantamos la transparencia y el buen gobierno como objetivos inaplazables e irrenunciables.
Irma Ferrer es abogada de Transparencia Urbanística y Acción Cívica. Premio Hay Derecho 2019.
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