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Corrupción: funeral por el Estado de Derecho
Soluciones

Corrupción: funeral por el Estado de Derecho

By mayo 28, 2020 No Comments

 

Funeral por el Estado de Derecho. 

Por Irma Ferrer. 

Se atribuye a Alfonso Guerra la frase “Montesquieu ha muerto”, pronunciada con motivo de la reforma de la Ley del Poder Judicial de 1985 tras la cual era el parlamento el que nombraba a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Si la división de poderes murió en España hace 35 años, nuestros representantes políticos (que no representantes públicos, pues mal representan lo público) practican la necrofilia con el llamado Estado de Derecho. ([1] y[2])
 
Llueve sobre mojado, se trata de profanar un Estado que sufre de inanición a base de saquear el erario público y mercadear con sus recursos, y tampoco puede decirse que sea de Derecho, salvo que entendamos por derecho aquello que discrimina y se aplica con desparpajo al más débil (a los roba gallinas, palabras del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, elegido por el parlamento en virtud de dicha reforma de 1985).([3])
 
 

Creo que ha sido un proceso lento, pero constante. 

 

¿Cómo nos hemos convertido en un país que incita a regodearse en la descomposición? Creo que ha sido un proceso lento pero constante, basado en la elección de los más incapaces como gobernantes, aquellos cuyo único merito es el sometimiento al poder omnímodo del partido, y en la putrefacción de las instituciones del Estado mediante el trueque del interés público por el interés partidista. Estos dos pasos dieron lugar a la inevitable y creciente desconfianza de la ciudadanía en todo lo que suena a público (servicios públicos, hacienda pública, gestión pública, representante público..) y a la patrimonialización partidista de toda infraestructura (mueble, inmueble y cuerpo funcionarial) llamada a sostener la estructura del país, de las comunidades autónomas y de las entidades locales.([4])

Sólo mediante una actuación mafiosa (organizada y coordinada) dirigida a la destrucción de los requisitos mínimos de los que debe dotarse una Democracia puede entenderse este nivel de degradación. Una actuación mafiosa alimentada con el metódico saqueo de los recursos públicos, protagonizada por los traidores a la comunidad, aquellos que hicieron de la corrupción su medio de vida, y por los cobardes, aquellos que prefirieron ser mudos, ciegos y sordos y hacer dejación en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones (art. 52 EBEP). No en vano, el principal partido de la oposición ha sido condenado por participar a título lucrativo en actos de corrupción cuando estaba en el gobierno (PP), atraco que no pudo realizarse sin la previa eliminación de las instituciones llamadas a fiscalizar la gestión pública (parásitos, que no interventores, ni secretarios, ni fiscales, ni inspectores, ni auditores…), y sin la falta de acción, responsabilidad por omisión, del actual partido en el gobierno (PSOE). ¿alguien ha visto que unos denuncien a los otros por corrupción? No, alternan en la mamanza. En la gran mayoría de los casos denunciamos y acusamos los ciudadanos, y si lo hace un cargo o funcionario público sufre las consecuencias al salirse del tiesto. ( [5])
 
 

¿Y cómo lo hemos permitido? 

 
Como país permitimos la creación de los esclavos de la deuda (modificando la Constitución con nocturnidad y alevosía) y del rescate bancario, fomentamos la desigualdad ante la ley (aforamientos ilimitados, indultos indiscriminados, ordenamiento penal permisivo y laxo en los delitos contra el interesé público…) , y finalmente hemos dado escandalosas muestras de permitir la aprobación y aplicación de leyes que fomentan la injusticia y la desigualdad social al abandonar de forma consciente y deliberada el camino de la defensa de los derechos más elementales que dotan de contenido a la dignidad humana (libertad de expresión, intimidad, vivienda, educación, salud, medio ambiente..([6] y[7]).
 
No hay ciudadanos libres de culpa, no vaya nadie a creerse que los políticos que sufrimos no son parte de esta sociedad. Como sociedad admitimos pacíficamente que la corrupción se instaurara como un elemento estructural y transversal en nuestras vidas, conviviendo con ella hemos contribuido a cavar la fosa de este suicidio colectivo y ahora el olor de la putrefacción nos alcanza a los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida.  Así, el 50% de la población dejó de participar en la vida pública por no considerarla ni vida ni pública, y el partidismo entró en nuestras entrañas hasta tener un político dentro del plato de sopa de cada votante de modo tal que la primera especie en peligro de extinción es la del ciudadano libre, crítico, despierto y sin prejuicios que le impidan percibir los matices propios del arco iris.([8])
 

Aceptamos impasibles que el Estado se corrompiera.

 

Aceptamos impasibles que el Estado se corrompiera, que los traidores vendieran los activos públicos a precio de saldo y amiguetes, que la educación se tornara ignorante, que la sanidad enfermara, que el agua muriera de sed y que el territorio se convirtiera en suelo. El mercado ocupó el espacio que dejamos libre en el ágora, y cada departamento institucional quedó parasitado por un gerente político, un director político, un jefe de servicio político, un funcionario político. Encajamos que “uno de los suyos” entrara dentro de las tripas de la administración para que gestionara el interés partidista, que no público, en los efímeros cuatro años que determinan una política cortoplacista.([9])

Asistimos impasibles a la agresión, con violencia e intimidación de las instituciones públicas hasta convertirlas en meros objetos maltratados sometidos al saqueo generalizado del norte al sur, del este al oeste. Representantes públicos convertidos en representantes empresariales y delegados de sucursales bancarias transformaron la acción política en vouyerismo de las prácticas pornográficas de los que alternan, esperando su turno como clientes en la puerta del burdel esperando a compartir la cama caliente. Cuando se trata de la financiación del sacrosanto partido a costa del erario público no hay ideología, no hay pelea de gallos, hay complicidad en la alternancia.([10] y[11])

 

Nos arruinamos como sociedad para mayor gloria de un banco.

 

Permitimos que nos gobiernen delegados empresariales que se presentan a las elecciones religiosamente, tomando decisiones a diario que perjudican y ponen en riesgo nuestra vida, pagando con nuestros impuestos los beneficios empresariales y los patrimonios personales. Nos arruinamos como sociedad para mayor gloria de un banco que nos estafó y una fortuna que vale millones de vidas. Y aún así les adoramos y tememos a partes iguales. Sometidos cual rebaño de idiotas (idiotés: aquel que se desentiende de los asuntos de la comunidad) inmunes a la humanidad.([12] y[13])
 
 Y ahora que pasean ante nuestros ojos los primeros cadáveres de un sistema neo liberal que se fortalece con la depredación, ahora que somos conscientes de la tormenta perfecta que amenaza nuestro estado del bienestar, ahora venimos a mostrar un mojigato asombro al constatar que vivimos en un estado fallido ¿es que nadie leyó las noticias sobre las causas de corrupción? ¿nadie oyó sus conversaciones cargadas de estulticia ni vio sus fortunas personales convertidas en la apoteosis de la horterada? ¿nadie los vio comportarse como rapaces con el cadáver del Estado?  ([14])
 
 

El fracaso se evidencia con la propuesta ciudadana.

 

Es cierto que generalizar es injusto, hay honrosas excepciones entre los representantes públicos, los funcionarios y la sociedad. El grado de putrefacción no es la misma en todo el arco parlamentario, ni en todo el cuerpo de funcionarios, ni en la ciudadanía. Pero el fracaso general se evidencia con la propuesta ciudadana de  transposición de la Directiva Europea de protección al denunciante y de lucha contra la corrupción. Tras años de advertencias del grupo GRECO sobre la necesidad de adoptar medidas en el estado español tendentes a la prevención y control de la corrupción, la fiscalización de la financiación de los partidos políticos y la independencia del Poder Judicial, son los ciudadanos y las asociaciones que luchan contra la corrupción los que ponen encima de la mesa un proyecto de Ley anticorrupción que este gobierno ignora, al igual que los anteriores, cuando debería ser la primera medida a adoptar si se pretende poner cimientos firmes y fuertes de un Estado democrático que pueda hacer frente a esta situación de tormenta perfecta que anuncia la crisis de la especie humana.([15]y [16])
 
Las notas que se agregan en cada párrafo de este artículo se refieren, en su mayoría, a procedimientos de corrupción en los que la autora ha intervenido ejerciendo la acusación particular o popular. Su orden cronológico constata la unidad de dirección entre las actuaciones corruptas que arrasaron con las instituciones públicas y la actividad empresarial, cuyo vínculo de unión siempre es el ejercicio del poder y la financiación del partido a costa del erario público. Cuando la industria que generaba dinero a mares era el turismo y la construcción denunciamos el caso Costa Roja, el caso Plan Parcial Playa Blanca y el caso Yate; la sentencia de éste último caso anula 44 licencias turística y refleja que entre los años 1990 a 2007 se instauró una industria del ladrillo criminal con el territorio, basado en el desarrollo del llamado “urbanismo del promotor” que enriqueció a las empresas dedicadas al turismo y a la construcción al tiempo que nutría la contabilidad b de los partidos políticos y el patrimonio de los técnicos y representantes públicos de los ayuntamientos que pudimos denunciar en la misma proporción que arruinaba a los ayuntamientos afectados. Como quedó constatado en las declaraciones judiciales de un alcalde en dicha instrucción “nadie da nada por nada”.
 
 

Ciudadanos activos, responsables, exigentes y conscientes. 

 
 
A partir del año 2007, la construcción cayó y el turismo se degradó con el todo incluido, así que la corrupción política giró en el mismo sentido que la fuente del dinero y el saqueo se instauró en la prestación de servicios públicos y en la contratación pública. En 2008 estalló el caso Unión, el caso Jable y el caso Montecarlo, la mafia político empresarial dirigió sus sucias manos a los concursos públicos y la contratación de los servicios de la basura, las obras públicas, carreteras,  festejos…volvieron a llenarse los bolsillos empresarios, cargos políticos y funcionarios a costa de endeudar hasta la quiebra a los ayuntamientos afectados. Las grabaciones telefónicas reflejan claramente la unidad de dirección de la mafia político-empresarial en una conversación entre dos empresarios que negocian comisiones: “(nosotros)como ratas, ¿eh?, como ratas”.
 
Mientras, la industria del turismo sobrevivía reclamando fondos europeos, subvenciones públicas millonarias y exigiendo que la promoción se pagara con dinero público mientras las empresas retenían el pago de sus impuestos con una RIC perversa y dirigían sus fortunas a paraísos fiscales. De esta forma, los representantes empresariales sentados en las instituciones públicas les permitieron que se continuará degradando el territorio y la calidad de vida de sus administrados mediante trabajo precario e inestable, explotación laboral y agotamiento de las infraestructuras y servicios públicos que cedieron ante el turismo de todo incluido (masas hooligan de borrachera y alpargata).([17] y[18])
 
 

Acabar con la impunidad.

 

 La experiencia adquirida tras 17 años dedicados a la lucha contra la corrupción, interrogando a los delincuentes, oyendo las conversaciones intervenidas, conociendo a sus asesores y abogados, estudiando los informes periciales, conviviendo con las dificultades con las que se encuentran jueces y fiscales y celebrando juicios, no tengo duda alguna de que no hay ninguna posibilidad de enfrentar con dignidad ninguno de los cambios que requiere este país para garantizar la supervivencia de todos si antes no atajamos la corrupción, protegemos a los denunciantes, cortamos los hilos empresariales que mueven a nuestros representantes públicos, activamos los organismos fiscalizadores, fortalecemos el cuerpo de funcionarios públicos (bajo los criterios de independencia, objetividad, inamovilidad, neutralidad, capacidad, profesionalidad y formación), dotamos de independencia al poder judicial, reformamos la financiación de los partidos e implantamos la transparencia y el buen gobierno como objetivos inaplazables e irrenunciables.

 
Educarnos para ser ciudadanos activos, responsables, exigentes y conscientes de que lo público es lo de todos debe ser el camino para acabar con la impunidad como principal objetivo. No podemos seguir pasando la vergüenza a la que nos exponen nuestros representantes públicos, pues somos nosotros los que les elegimos y les damos carta blanca para ser los ejecutores de nuestra extinción. En caso contrario, asistiremos cada día al indigno espectáculo del luto por el Estado de Derecho celebrado en la sede de la soberanía nacional y no dejaremos de ser un rebaño cobarde y temeroso, cargado de ignorancia y soberbia. El virus del planeta.
 

Irma Ferrer es abogada de Transparencia Urbanística y Acción Cívica. Premio Hay Derecho 2019.

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Irma Ferrer es abogada de Transparencia Urbanística y Acción Cívica. Premio Hay Derecho 2019.
Irma Ferrer es abogada de Transparencia Urbanística y Acción Cívica. Premio Hay Derecho 2019.

 

 

Carta a la Fiscalía General del Estado.
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