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Carta a la Fiscalía General de Estado. 

 

Excma. Sra. Dolores Delgado García, Fiscal General del Estado. 

El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Como bien conoce, dicha Directiva supone un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y en la protección de los alertadores y denunciantes, por lo que le anticipamos nuestro más fiel compromiso de colaboración para conseguir su transposición, mejora y difusión.


A pesar de ello, esta novedad legislativa no ha supuesto ningún cambio en las duras situaciones que atravesamos a raíz de nuestras denuncias; lo que supone un duro revés para el ya penoso calvario profesional, judicial y personal que venimos sufriendo por el simple hecho de cumplir con nuestro deber de servicio público y de salvaguarda del interés general. En su día, decidimos alertar de desfalcos millonarios a las arcas públicas y por ello nos encontramos inmersos en procesos penales derivados de denuncias falsas para mermar la credibilidad de nuestras acusaciones y abocados a incontables procesos administrativos, sociales… tras haber sido despedidos, cesados en nuestros cargos, expedientados, acosados en nuestros puestos de trabajo o incluso amenazados y vandalizados nuestros domicilios..

Disposiciones de obligado cumplimiento: reconozcan la Directiva.  


Aunque la Directiva no está transpuesta al derecho nacional, determinadas disposiciones en ella, muy importantes para nosotros, son ya de obligado cumplimiento en virtud de los principios del efecto directo vertical y de la interpretación conforme, así como del art. 4 bis de la LOPJ, que establece que es de obligado cumplimiento en España el Derecho de la UE y la jurisprudencia del TJUE.  Nuestro único objetivo es solicitar su amparo para que, en tanto no se transpone la directiva, pueda dictarse una instrucción a las fiscalías que les permita
reconocer y aplicar los principios de la Directiva Europea, en tanto la Comisión Parlamentaria creada para su transposición y mejora no ultima el texto legislativo. Es por ese motivo, que nos dirigimos a usted, para solicitarle una entrevista y presentarle de primera mano la dura realidad de los alertadores y denunciantes de corrupción.


Atentamente,
I. Ana Garrido Ramos,
Alertadora Gurtel
II. Azahara Peralta,
Alertadora ACUAMED
III. Carlos Martínez,
Alertador Servei d’Ocupació de Catalunya
IV. Consuelo del Cid,
Alertadora centros de menores y bebes robados
V. Dolores Mesa,
Alertadora T.G.S.S. Cádiz
VI. Dolores Valls,
Alertadora Cámara de Castelló
VII. Fernando Presencia,
Alertador de corrupción Judicial.
VIII. Francisco Javier Perejón,
Alertador Junta de Andalucía
IX. Francisco José Sánchez del Águila Ramón,
Alertador operación HALSA/Terminus.
X. José Francisco Rodríguez Brenes,
Alertador en el Ayuntamiento de Osuna,Sevilla.
XI. Gonzalo Esteban Murillo,
Alertador causa La Bufona, Ayuntamiento de Arrecife
XII. Gracia Ballesteros,
Alertadora ACUAMED
XIII. Jesús Ángel Castro,
Alertador Ayuntamiento de Benitachell
XIV. José Manuel Cantó,
Alertador balsa de fosfoyesos, Huelva
XV. José María Castillejo,
Alertador corrupción Judicial. Caso Pocoyó.
XVI. José Salmerón Parrilla,
Alertador SAE
XVII. Julita Gómez,
Alertadora AMTA
XVIII. Justo López,
Alertador Ayuntamiento de Benidorm
XIX. Lucía del Carmen Periañez,
Alertadora SAE
XX. Luis Gonzalo Segura
Alertador de Corrupción en el Ejército.
XXI. Maite Morado Iglesias,
Alertadora Ayuntamiento de Sabadell
XXII. María José Alarcón,
Alertadora Residencias BBService
XXIII. María Serrano,
Alertadora Seprona
XXIV. Martín Rodríguez Márquez
Alertador Servicios Públicos en Cartagena,
XXV. Robert Martínez
Alertador residencias BBService
XXVI. Roberto Macías,
Alertador UGT Andalucía
XXVII. Sonia Peral,
Alertadora casos acoso escolar en el sistema educativo
XXVIII. Teodoro Montes,
Alertador cursos de Formación en Andalucía