fbpx

¿Apoyarías una Ley Anticorrupción así?

Pues el miércoles se debate en el Congreso. 

El próximo miércoles 17 de junio el pleno del Congreso de los Diputados debatirá si tomar en consideración la Proposición de Ley de Medidas de Lucha Contra la Corrupción presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y sí, es posible que pienses que esta es una buena noticia, sin embargo, está lejos de serlo, y aquí te explicamos la razón.

La propuesta de Ley presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos responde a su legítimo intento de fomentar la denuncia de la corrupción lo que, sin duda, es digno de aplauso, sin embargo, abordar la tarea de legislar sobre esta compleja materia requiere, en primer lugar, incorporar en la propuesta todas las disposiciones que recoge la recientemente aprobada Directiva Europea de Protección al Denunciante de Corrupción. Y, en segundo lugar – y no por ello menos importante – contar con los denunciantes/alertadores y las organizaciones expertas en la materia que desde hace años nos dedicamos a la lucha contra la corrupción, lo que nos convierte en un activo importante que aporta su valiosa experiencia en lograr erradicar la lacra de la corrupción en España.

Pues bien, la proposición de Ley que Ciudadanos lleva a su toma en consideración por pleno del Congreso no se ha tenido en cuenta ni lo uno ni lo otro, como podrás ver según lo que te contamos a continuación.

Sí, Directiva Europea de Protección al Denunciante de Corrupción. 

Si nos sigues nos habrás oído hablar de esta trascendental Directiva. Y si es la primera vez que escuchas hablar de ella puedes acceder a la información sobre la misma pinchando AQUÍ.

En síntesis, y para que tengas una idea de lo que significa, la Directiva Europea de Protección al Denunciante de Corrupción entró en vigor el 17 de diciembre de 2019. Desde ese día España tiene dos años para su trasposición obligatoria y aprobar una Ley que, como mínimo, recoja las numerosas disposiciones que establece esta norma europea para proteger a aquellos que alertan de un caso de corrupción.

Sabemos que, muchas veces nos pierde el referirnos a una terminología jurídica, que es extraña para muchos. Así que quizá te preguntes qué significa trasponer una Directiva, a lo que te contestamos que es aprobar una ley española que, de forma obligada, recoja TODO lo que la Directiva europea legisla.

Así las cosas, y dada la importancia de debatir la toma en consideración de la propuesta de Ley contra la Corrupción planteada por Ciudadanos, nos pusimos a leerla y vimos que no recogía numerosos preceptos de la Directiva, por lo que decidimos llevar a cabo un informe sobre la misma para trasladar a los grupos políticos, los medios de comunicación y la Ciudadanía, el riesgo que supondría tomar en consideración una propuesta como la planteada, ya que obvia numerosos preceptos de trascendencia capital en la lucha contra la corrupción, y no sólo de la obligatoria Directiva Europea, si no de legislación internacional, suscrita por España, como la Convención Contra la Corrupción de Naciones Unidas.

El resultado de nuestro análisis es este informe que puedes consultar AQUÍ.

Por otra parte, la propuesta del grupo parlamentario Ciudadanos no ha contado ni con las aportaciones de denunciantes/alertadores ni las organizaciones expertas. La Sociedad Civil española experta en la lucha contra la Corrupción está compuesta por numerosas organizaciones, abogados, alertadores, activistas, jueces, periodistas, funcionarios o economistas, entre otros muchos, que trabajan desde hace años en esta materia, aportando su experiencia profesional o personal. Prescindir de todos sus conocimientos pone de manifiesto que la proposición de Ley planteada por el grupo parlamentario Ciudadanos no es un texto participativo lo que, en parte, explica que adolezca de numerosas deficiencias técnicas. 

 

No nos cabe duda que cualquier Ley que plantee cualquier grupo político debe contar con la opinión y conocimientos técnicos de la Sociedad Civil en la materia, máxime cuando se trata de proponer una Ley que fiscalice a la clase política española y endurezca las medidas de protección ciudadana.

 

*El informe ha sido redactado por las siguientes Organizaciones: la Organización de Lucha Contra la Corrupción Corruptil, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, la Asociación Nacional de Afectados por Delitos Económicos e Impagos, la Organización + Democracia y la  Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)

También han aportado su granito de arena en este informe: 

Manuel Villoria, Catedrático de Derecho Político en la URJC; Joan Llinares, abogado; Maite Morao y Ana Garrido, alertadoras de corrupción.