¿Si existe un Ministerio para recaudar

¿No debería existir otro para

evitar que nos roben lo recaudado? 

En 2017 el índice de Percepción de la Corrupción (CPI) en España registró su peor record histórico. El puesto 41, de 176 países. En el Informe de transparencia Internacional se nos sitúa por detrás de Brunei, Botswana o Cabo Verde. Un triste puesto. Y la corrupción se coloca en el segundo puesto de la preocupación de los españoles, según el CIS. Muchos escándalos que dejan a la luz debilidades estructurales de nuestro sistema. Demasiados.

Pero lo cierto es que el CPI es tan sólo eso, un índice de percepción, y no la realidad de las cifras. De estas ya habló la Unión Europea en un riguroso informe. Lo que dijo: en España los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas. 1 de cada 4 euros públicos. También que el foco principal de la corrupción es la financiación de los partidos, las competencias urbanísticas en manos de las administraciones regionales y locales y los contratos públicos. Y si las licitaciones de este tipo mueven alrededor del 18,6% del PIB, la economía española pierde más de 47.000 millones de euros en prácticas ilegales. Sin duda son muchos millones, sin embargo la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) aumentó esta cifra casi al doble, 90.000 mil millones.

Hay otras cifras, 122.122 millones de euros, esta es del Tribunal de Cuentas, por el rescate bancario. O 1.305 euros, lo que hemos pagado cada español por él. O 147.000 millones, cantidad a la que la Plataforma de la Auditoria de la Deuda eleva lo que hemos pagado por rescatar bancos. Los responsables del quebranto económico, entre otros, una larga lista de políticos de todo el espectro ideológico español. Entonces ¿esto es también corrupción?

Este popurrí de números evidencia una de las primeras fallas de nuestro sistema: la inexistencia de un organismo o institución pública especializada que establezca e unifique criterios y sea capaz de dar una cifra aproximada de lo que nos cuesta a los españoles la corrupción. Porque si hoy son muchas las noticias que nos llegan sobre corruptocasos o índices de percepción de corrupción, pocas son las que hablan de soluciones o cómo llevar a cabo las medidas y reformas necesarias. O de quién será el responsable de ejecutarlas. Porque legislar, se legisla. Y existen órganos de control, eso sí, politizados y sin medios. Su eficacia y alcance es más que limitada. Y su intervención, sectorial, lo que impide el efecto multiplicador de su acción al no existir coordinación ni colaboración entre las distintas instituciones implicadas. A esto, se suma la creencia generalizada de que en la lucha contra la corrupción hay que trabajar desde la perspectiva de la contratación administrativa y su posterior control judicial, en caso de que haya existido un comportamiento delictivo.

Pero lo cierto es que corrupción es mucho más que eso y la intervención para atajarla ha de realizarse desde una perspectiva multidisciplinar: legal, judicial, social, empresarial, educativa, de concienciación y un largo etcétera, que colocan la lucha contra la corrupción en una política transversal. Y dada las cantidades que se barajan: prioritaria.

Es urgente hablar de soluciones.

Y del cómo, quién y cuanto.

De ahí que hayamos decidido impulsar el proyecto de la Ley Integral contra la Corrupción Política.

Volviendo a las cifras, parecería que sería mejor que el dato lo aportase el Ministerio de Anticorrupción. O la Secretaría de Estado anticorrupta. O quizá un organismo autónomo especializado en el tema que elaborase un informe riguroso. Y dada la barbarie de las cantidades, que lo presentase a bombo y platillo el Presidente del Gobierno, informando de las medidas que ha adoptado para evitar tamaño robo. Pero como ni existe este Ministerio, o ni tan siquiera, una Secretaria de Estado. Así que parece que ya tenemos una primera tarea, exigir que exista. Y no, no es ninguna utopía lograrlo. Si el hombre ha llegado a la luna, este reto es abarcable, sólo hay que ponerse a ello.


Si el Ministerio de Hacienda, el recaudador de lo que luego gastamos, tiene un presupuesto de 2.337,56 millones de euros,

El Ministerio para evitar que nos roben lo recaudado, debería tener, al menos, la misma cantidad de dinero. Amén de existir, claro.

Y que se destine dinero para luchar contra la corrupción. Cualquiera se tome una minutos para indagar en internet o en los Presupuestos Generales del Estado o en los de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos constará que el gasto en anticorrupción es cero o casi cero. Y eso que la corrupción nos convierte en más pobres, mucho más pobres. Así que es prioritario constituir este Ministerio o Secretaria de Estado y dotarle de muchos recursos públicos para llevar a cabo políticas de justicia, educación, concienciación etc.

De lo que no se habla, no existe, eso es claro. Así que el primer paso sería comenzar a colocar en el debate nacional, para que pueda tomar forma. Y hacer campañas de concienciación. Y trabajar en los colegios con los niños y los que no lo son tanto. Crear Juzgados especializados con unidades de investigación independientes adscritas a ellos, en los que la celeridad en la instrucción fuese prioritario; o una Fiscalía anticorrupción sin dependencia jerárquica y política. Este Ministerio, además, se encargaría de hacer estos informes rigurosos sobre los costes de la corrupción, que nos hace pobres. O sería el encargado de desarrollar la Ley de protección al denunciante y de preocuparse de protegerles, claro. Se nos ocurre la peregrina idea de que existiese un certificado de empresas éticas, que se gestionase desde ahí. Que se premie a los que lo hacen bien. O se promoviese legislación relacionada con los corruptores. Si en las causas de corrupción política a las empresas se les condenase a un periodo largo de prohibición para contratar con las administraciones públicas, éstas se lo pensarían dos veces antes de ser parte de un hecho delictivo. Y claro, hay otras medidas importantes, como promover otro tipo de iniciativas como clausulas sociales de contratación en las Administraciones públicas que sirvan para atajar esta lacra, que imposibilita un futuro para España. Y claro, las organizaciones de la Sociedad Civil, que sabemos mucho de todo esto, asesorando desde un Comité Independiente. Sin duda sería el Ministerio ideal para tener un buzón de denuncia ciudadana anónima. Y una Unidad especial de acción inmediata, cómo los GEOS. Tan pronto cómo se detecte al terrorista corrupto, se pondrían todos los medios del Estado a disposición de esta unidad para atraparle. Nos gusta la idea de que la Oficina de recuperación de lo robado tenga un presupuesto enorme. Y otras muchas, que serían imprescindibles para logra frenar el saqueo.

Sin duda, para multiplicar el impacto de las medidas a adoptar en cuanto a corrupción política, estas han de estar coordinadas y ejecutadas de manera conjunta, de otra forma su efecto se vería mermado por una dispersión que les restaría eficacia. Por eso es imprescindible la existencia de un organismo vertebrador de todas estas políticas transversales que afectan a materias y Ministerios muy diversos. Y claro, es imprescindible comenzar a hablar de la necesidad de su existencia para que empiece a estar en el debate nacional, que es el primer paso para lograr que algo exista.

Así que esta es la segunda de las entradas de nuestro blog en el que tenemos intención de desarrollar de forma pormenorizada como poder luchar contra la corrupción y cómo lograr que esta sea una política de Estado de primer orden. Empecemos a hablar de ello. Si existe un Ministerio para recaudar tiene que existir un Ministerio para evitar que nos roben lo que hemos ingresado. Ese dinero con el que pagamos nuestra sanidad, justicia, educación, prestaciones y un largo etcétera de necesidades vitales básicas de cada uno de nosotros.