El baile de números y euros,

en miles de ellos, que refieren

el coste de la corrupción es grande.

Ya lo mencionamos cuando abordamos la corrupción en cifras y la necesidad de que las cantidades que detrae esta lacra a las familias españolas habrían de ser analizadas, elaboradas y establecidas por un organismo especializado, el Ministerio de Anticorrupción. Es claro que las acciones de corruptores y corruptos inciden de forma determinante en la vida de todos y cada de uno de nosotros y, por ende, en la economía española. Y que, aunque desconozcamos con exactitud la cifra exacta de cuanto nos cuesta cada año el saqueo, tenemos en cuenta este dato a la hora de enfrentar la urgente necesidad de poner en el debate nacional cuales son las soluciones para frenarlo. Sin embargo, existe un segundo efecto que apenas se menciona y que tiene un impacto aún mayor, si cabe, que el del cobro de comisiones por adjudicaciones, sobrecostes, donaciones a partidos a cambio de contratos, venta de activos por debajo del precio a “empresas amigas”, participación del político responsable del área en el accionariado de la sociedad adjudicataria, compra por las Administraciones Públicas de bienes a empresarios amigos muy por encima del precio y un largo etcétera en el que se materializa el robo de nuestro dinero.

Sabemos que corruptores y corruptos nos roban, pero apenas se menciona un segundo efecto, cuyo impacto en las arcas públicas y en nuestra educación, sanidad, justicia, prestaciones sociales, dependencia, etc, es difícil de cuantificar. Este es el “efecto lucro cesante”, un término que se utiliza en derecho para referirse a lo que se deja de ganar a causa de la administración desleal o fraudulenta. O a causa del robo. Es decir, las cifras de la corrupción contabilizan los costes directos e indirectos pero también hay que mencionar las pérdidas que significa que algunos de esos ingresos públicos no llegasen a destinarse a prestar servicios públicos para los que fueron recaudados. Supongamos que de los miles de millones que nos roban los corruptos hubiesen sido destinados a políticas de creación de empleo, lo que habría tenido una incidencia importante en disminuir la cifra de parados y mejorar la situación de miles de españoles. O que esas cantidades se hubiesen destinado a dotar de medios a los Juzgados, que serían infinitamente más eficaces en investigar y condenar corrupción y, de esa forma, lograr frenar el saqueo.

Sí, lo cierto es que el daño

por lucro cesante es inmenso.

Hay otro factor a tener en cuenta a la hora de hablar del coste de la corrupción y ese el que se refiere a la eficacia en la gestión del dinero que es de todos. Y es que quienes llegan a gobernar con la única intención de robar o permitir que otros roben no son profesionales del área en el que tienen el poder de decisión y su intervención suele regirse por casi todos los criterios imaginables, pero casi nunca relacionados por el que toma la decisión del destino de nuestro dinero lo haga impulsado por criterios profesionales en la materia de que se trate, lo que provoca que las medidas adoptadas para llevar a cabo cualquier política o prestación de servicio público sea, como poco, ineficaces.

Por su parte, en estos casos, de la parte del dinero público que se adjudican a empresas para realizar obras o prestar servicios públicos, si estos son realizados por empresas “amigas” suele ser habitual que haya sobrecostes de escándalo y que, una vez más, la empresa elegida no sea la mejor en el sector y, su gestión, muy cuestionable. Así las cosas, parece claro que los principios de las Administraciones Públicas de “eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”, tal y como recoge el artículo 103 de nuestra Carta Magna, resultan difíciles de cumplir. Esta frase tan rimbombante pone de manifiesto la existencia de numerosas leyes que recogen cómo debieran ser las cosas. Y que, en muchísimas más ocasiones de lo deseable, son papel mojado. Lo cierto es que la voluntad política para enfrentar con determinación al fenómeno de la corrupción es más bien escasa. Y las medidas adoptadas para frenarla, irrisorias, dado el importe del saqueo y las innumerables fisuras del sistema.

¿Empezamos a hablar de cuáles son las soluciones y las medidas que hay que adoptar para llevarlas a cabo?